La extradición propiamente dicha es la petición que un Estado realiza a otro solicitando la entrega de una persona que cometió o se cree que ha cometido un hecho delictivo con el fin de que cumpla su condena o sea juzgada.

Por tanto, para solicitar la extradición es necesario que exista o bien condena firme o bien auto de prisión contra la persona cuya extradición se solicita.

La extradición puede ser de dos tipos: activa o pasiva.

La extradición activa

Se da en los casos en los que es el Estado español el que solicita a otro país la entrega de una persona que se encuentra en alguna de las siguientes circunstancias:

• Españoles que han cometido delitos en España y se han fugado al extranjero.
• Españoles que actúan contra España en un Estado extranjero y se refugian en un tercer Estado.
• Extranjeros que deben ser juzgados en España y se encuentran en un tercero distinto al suyo.

Por su parte, sólo procederá la extradición en los siguientes supuestos:

• En los casos previstos en los tratados vigentes con el Estado en cuyo territorio se encuentre la persona reclamada.
• En el caso de no existir tratado, si la extradición es considerada procedente en aplicación de la legislación del lugar en el que se encuentre la persona cuya extradición se solicita.

Si no se dan ninguno de los dos supuestos anteriores, la extradición dependerá de la aplicación del principio de reciprocidad y colaboración que establezcan los países implicados.

Será el Juez que esté en conocimiento de un determinado procedimiento el que podrá solicitar la extradición, ya sea por propia iniciativa o a petición de la parte interesada.

La solicitud de extradición la realizará formalmente el Gobierno en forma de suplicatorio dirigido por el ministro de Justicia a su homónimo del Estado en que se encuentra el condenado o imputado cuya entrega se solicita, salvo que un Tratado Internacional entre ambos países permita hacerlo por vía judicial. En estos casos, el juez español podría solicitar la extradición directamente.

La extradición pasiva

Se produce cuando es un Estado extranjero el que solicita al español la entrega de una persona.

En estos casos es necesario remitirse a los Tratados internacionales en los que España sea parte.